El Gobierno está intentando consolidar su Ley de Nietos a través de un subterfugio parlamentario, lo cuál es considerado peligroso e inaceptable.
El ejecutivo pretende aprovechar una reforma pendiente en la Ley de Educación de 2006 para facilitar una nacionalización masiva.
Se intenta sortear al Tribunal Supremo que ha tomado medidas para evitar una posible alteración del censo electoral.
Este plan se considera alarmante, ya que está en juego la integridad del censo electoral y existe un proceso judicial en marcha.
El procedimiento ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones.
El proceso de nacionalización ha estado plagado de irregularidades.
Conclusión: El intento del Gobierno de consolidar la Ley de Nietos a través de un subterfugio parlamentario demuestra un claro desdén hacia el procedimiento parlamentario y la separación de poderes, fundamentales en democracia.