El acuerdo entre el PSOE y Junts permite a la Generalitat de Cataluña gestionar la inmigración, un asunto que genera tensiones entre territorios.
La delegación no incluye el control de fronteras, solo control documental.
El acuerdo ocurre en un contexto político inestable.
Se realiza la delegación a través del artículo 150.2 de la Constitución y puede ser reversible.
La medida podría suponer un avance si se utiliza eficientemente, pero sería perjudicial si se aplica de manera insolidaria.
Conclusión: El acuerdo plantea desafíos técnicos y políticos, y requiere de una negociación cuidadosa para garantizar derechos de inmigrantes, evitando políticas restrictivas.