El Gobierno aprobó un anteproyecto para cambiar la ley del derecho de rectificación.
Esta medida viene en un momento de alta sospecha y crítica hacia el Ejecutivo.
El plan propuesto podría obligar a usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores a rectificar falsedades o inexactitudes.
Esta proposición potencialmente equipara noticias incompletas pero veraces con noticias falsas.
Existe preocupación sobre quién decidirá qué es verdad y qué es una mentira.
Conclusión: Este nuevo plan gubernamental se enfrenta a grandes críticas y sospechas, y plantea preguntas sobre la amplitud y el abuso potencial del derecho de rectificación.