Exigir a propietarios que tributen por rentas de alquiler no cobradas es cada vez menos defendible.
Muchos propietarios son arrendadores pequeños, un sobrecoste fiscal adicional puede resultar duro en un entorno de mayor riesgo de impago.
Datos apuntan un aumento de la morosidad y de delitos relacionados con la ocupación ilegal.
El mercado actual tiene una alta probabilidad de no cobro.
Tributar por ingresos no percibidos supone un sobrecoste sobre el riesgo.
La seguridad jurídica está erosionándose debido a la dificultad de cobrar y al requerimiento de tributar.
Esto está desincentivando la oferta y causando un aumento de los precios.
Algunos propietarios están elevando sus precios, retirando sus viviendas del alquiler o vendiendo viviendas ocupadas.
Conclusión: Para corregir esta situación, es necesario vincular la tributación a la percepción efectiva de la renta y acelerar los mecanismos de resolución de conflictos.