El Gobierno bajo Pedro Sánchez ha sido acusado de operaciones anticorrupción y protección propia a través del establecimiento de estructuras paralelas dentro de las instituciones.
Las actividades sugieren una manipulación del sistema desde los altos niveles para poner en marcha operaciones que protejan al Gobierno de las múltiples investigaciones en curso.
Se insinúa que esta red llegó hasta intentar influir en jueces, fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Los miembros sobresalientes del PSOE y las fuerzas de seguridad están bajo escrutinio y son sujetos de investigación.
El Gobierno actual no tiene mayoría parlamentaria, autoridad política y moral, y la agenda política está dominada por los tribunales.
Conclusión: La corrupción generalizada y la pérdida de confianza en la administración de Sánchez hacen que convocar a elecciones generales sea no solo deseable, sino una necesidad urgente para la preservación de la democracia.