Tres fuerzas políticas de derechas (PP, Vox y Junts) unieron fuerzas para derribar un decreto que contenía diversas ayudas sociales.
Las medidas bloqueadas incluían la actualización de las pensiones, subvenciones para el transporte público, y las transferencias para las víctimas de la erupción del volcán de La Palma.
El bloqueo afecta en particular a los 12 millones de pensionistas en España y a los beneficiarios del ingreso mínimo vital.
El decreto también incluyó medidas no sociales, todas consistentes con el consenso económico general.
La devolución de un edificio del PNV en París, expropiado ilícitamente durante la ocupación nazi, también fue incorporada en el decreto.
La oposición debe aún explicar por qué se opone a la devolución de este patrimonio.
Se anticipa que las diferentes normas podrían ser fragmentadas y aprobadas por mayorías cambiantes.
Conclusión: Los intereses partidistas prevalecen sobre las necesidades ciudadanas en la política española. La votación revela una continua debilidad en el gobierno y un desvío en el enfoque de los acuciantes problemas a los que se enfrenta la nación.