Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, es acusado de revelación de secretos, un delito que puede implicar hasta cuatro años de prisión.
Se investiga si García Ortiz divulgó información confidencial relacionada con Alberto González Amador, acusado de delitos fiscales y pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La versión falsa, respaldada por el jefe de gabinete de Ayuso y varias medios de comunicación, sostenía incorrectamente que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al acusado. En realidad, el acuerdo fue propuesto por el abogado de González Amador.
García Ortiz niega las acusaciones y ha rehusado responder a las preguntas del juez.
El juez Hurtado ha ordenado un registro amplio en el despacho de García Ortiz y ha sido muy crítico sobre la decisión de no recabar más pruebas.
En un giro potencialmente crucial, algunos fiscales han declarado que la información supuestamente filtrada 'no es secreta', lo que, si es correcto, podría socavar el caso contra García Ortiz.
Conclusión: El caso está suscitando dudas sobre la integridad de las instituciones judiciales en España. Los recursos contra las acciones del juez Hurtado están pendientes de resolución.