Hace 19 años, un juez en Almería detuvo la construcción de un hotel en un paraje natural.
El Gobierno planea expropiar parte de los terrenos y demoler el hotel, pero sólo puede hacerlo con la parte bajo su jurisdicción.
La Junta de Andalucía debe tomar la misma medida para permitir una demolición completa, pero aún no ha aceptado.
La ejecución de la demolición depende de que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla con las resoluciones judiciales y anule la licencia de obras.
Greenpeace ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la espera por la decisión municipal infringe el derecho a la tutela judicial efectiva.
Gobierno y Junta deben trabajar juntos en este asunto que debería ser de interés común.
Conclusión: El caso del Algarrobico subraya los errores de las políticas de construcción en España y la necesidad de aprender la lección y proteger los espacios naturales, aun cuando ralentice el desarrollo turístico e inmobiliario.