Editorial: El País

• José Luis Ábalos, exministro, está siendo investigado por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación.
• Su ex pareja, Jessica R., testificó que fue contratada en empresas públicas sin trabajar, cobrando más de 31.000 euros.
• Durante el tiempo de contratación, residía en un piso ubicado en el centro de Madrid; el alquiler de este piso fue pagado por un hombre de negocios, Víctor de Aldama, presuntamente relacionado con sobornos.
• La presunción de inocencia está separada de las responsabilidades políticas; la situación política de Ábalos se presenta como indefendible.
• El exministro es acusado de enriquecerse en su cargo de diversas maneras.

Conclusión: Pese a todas las alegaciones, Ábalos mantiene el derecho a la presunción de inocencia. Además, es destacable la falta de control en empresas públicas para verificar el desempeño laboral de los contratados. La reputación política en España se ve afectada por estos escándalos de corrupción, aunque solo una minoría sean las implicadas. Las propias instituciones democráticas han sacado a la luz estos hechos.

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